El acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista es una apuesta significativa en la acción social de Cáritas. En su larga trayectoria de trabajo, la Confederación se ha centrado tanto en la intervención directa como en todo tipo de iniciativas que miran hacia una mayor concienciación y corresponsabilidad en la lucha contra esta lacra social en el ámbito personal, comunitario y público-político.

Con motivo de la celebración el próximo lunes 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cáritas da cuenta de su labor en este ámbito con el objetivo de conseguir una verdadera igualdad y justicia entre hombres y mujeres.

En 2023, nuestra red diocesana acompañó a través de diferentes recursos y programas especializados en todo el territorio a un total de 3.667 mujeres víctimas de violencia machista. De ese total, 2.994 se encontraban en contextos de prostitución, 800 eran víctimas de explotación sexual, 275 presentaban indicios de trata, 590 sufrían violencia de género en el ámbito de la pareja y 8 eran víctimas de otras violencias.

Lugares seguros

El apoyo recibido por estas mujeres fue muy variado. Dentro de los procesos de acogida y acompañamiento se ofreció a las mujeres y a sus hijos e hijas lugares seguros, apoyo psicosocial, asesoramiento jurídico, talleres de desarrollo personal y social, orientación e inserción sociolaboral y ayudas económicas en aquellos casos de especial vulnerabilidad y exclusión social. Además, la Confederación puso a disposición de esta realidad 16 pisos y casas de acogida y 15 centros de día (de régimen ambulatorio).

En el caso de las mujeres en contextos de prostitución, de las 2.994 mujeres atendidas el año pasado, 1.523 fueron contactadas durante las visitas a los lugares de ejercicio de la prostitución (calles, asentamientos, pisos, clubs), mientras que las 1.337 restantes recibieron apoyo a través de algún centro de atención.

Cáritas también les proporcionó alojamiento. En 2023, 54 mujeres con menores a cargo fueron acogidas en recursos residenciales propios o recibieron ayudas para el pago del alquiler. Además, en los territorios donde no se dispone de alojamiento se produjeron derivaciones a otras organizaciones, trabajando de manera coordinada. En total, se produjeron 69 derivaciones en cuestión de vivienda.

“En los últimos años observamos un preocupante aumento de las mujeres que ejercen la prostitución en asentamientos chabolistas de inmigrantes, y sobre los que podría haber una realidad de trata. En general, son mujeres que llegaron contratadas en origen, pero que decidieron no volver a su país al finalizar la campaña. Además, han pasado de estar documentadas a una situación administrativa irregular. En algunos casos, están embarazadas y controladas por personas de su misma nacionalidad. Las mujeres que viven en condiciones muy precarias se enfrentan a un mayor número de agresiones, ya que su vulnerabilidad es mucho mayor en estas zonas aisladas donde no hay protección ni cobertura sanitaria”, señala Leticia Escutia del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española.

Durante el año 2023, de las 2.994 mujeres acompañadas en contextos de prostitución, el 26% se encontraba en una situación de explotación sexual (800 mujeres). En lo que se refiere a nacionalidades, Colombia (109) y Nigeria (69) siguen siendo las nacionalidades en las que se detecta mayor número de mujeres con indicios de trata. En el caso de las mujeres procedentes de Colombia se produjo un aumento significativo en los últimos años, tanto de mujeres en contextos de prostitución, como con indicios de trata. Asimismo, las edades mayoritarias fueron mayores de 35 años.

“En nuestro día a día, acompañamos a mujeres que se ven inmersas en distintos espirales de violencia y en muchas ocasiones invisibilizadas. Esta invisibilidad no solo estigmatiza a las mujeres que llegan a nuestros recursos, sino que también aumenta su riesgo de exclusión social. Ser víctima de violencia provoca, entre otras graves consecuencias, aislamiento, deterioro de la autoestima y frustración, problemas de salud física y mental y dificultades para la inserción laboral, lo que lleva a su vez a una menor independencia económica para decidir sobre sus vidas”, subraya Leticia Escutia.

Acciones formativas

A la par, la red de Cáritas trabajó a lo largo de 2023 en diversas acciones formativas para aumentar la concienciación social en la población en general y en las posibles víctimas, como también en los equipos técnicos y voluntariado con el objetivo de proporcionarles herramientas específicas en la detección precoz de la violencia machista.

“Los distintos tipos de violencia machista no disminuyen. Esto hace aún más importante nuestra labor desde Cáritas para contribuir a crear una sociedad en la que no se ejerza ningún tipo de violencia contra las mujeres. Por ello, hemos reforzado nuestras acciones formativas para sensibilizar, prevenir, identificar y acompañar de manera correcta a las mujeres que sufren estas situaciones tan injustas”, explica Leticia Escutia.

Protección efectiva de las víctimas

Desde el ámbito de la incidencia política, Cáritas insta a las Administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales, a la comunidad cristiana y a la sociedad en su conjunto a tomar conciencia de esta enorme lacra social.

Por ello, en sus propuestas políticas, presentadas en junio de 2023, urge a los grupos parlamentarios la “protección efectiva de las víctimas de violencia machista”. A través de este documento, Cáritas recomienda ampliar el concepto de violencia de género -previsto en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre- a todas las formas de violencia machista.

Además, solicita unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima para garantizar así el acceso efectivo a derechos de todas las mujeres que sufren violencia machista en cualquier ámbito de su vida con independencia del territorio y de su situación administrativa.

“La normativa estatal contempla un concepto restrictivo de violencia machista lo que limita su ámbito de aplicación y protección. A nivel autonómico, además existe diversidad en relación con el concepto y el proceso de acreditación de la condición de víctima lo que provoca diferencias en función del territorio en el acceso a derechos (vivienda, empleo …), medidas de protección o a prestaciones sociales”, asegura Raquel Benito del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.