Padró Són Drets
Cáritas Cataluña se ha adherido a la campaña #PadróSónDrets que han impulsado diversas entidades sociales, entre ellas Cáritas Diocesana de Barcelona, conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona
El empadronamiento es la puerta de acceso a muchos derechos básicos como el acceso a la salud, a la educación, o en prestaciones sociales, y las administraciones locales tienen la obligación de proporcionar a todos sus vecinos y vecinas.
La gestión de los trámites, una barrera en el camino
Realizar los trámites para las personas que no pueden demostrar ser titulares de la vivienda, sea como propietarios o arrendatarios comporta un conjunto de dificultades que imposibilita el acceso a su derecho. Esta situación también la viven las personas ‘sin techo’ o en situación de infravivienda, en que se hace necesaria la comprobación de los servicios sociales del municipio y a menudo el tiempo en realizar el trámite es prolongado. De este modo, si el acceso al padrón no se hace de manera ágil, la persona pasa muchos meses sin regularizar su situación, y eso la perjudica gravemente en su proceso de inserción en la sociedad.
El empadronamiento es el único medio que permite a las personas recién llegadas en situación irregular demostrar el tiempo de estancia en el país. Sin este documento es imposible demostrarlo y entonces quedan vulnerados los derechos de la persona a la sanidad, la educación, etc. A pesar de las gestiones por parte de la administración para facilitar el acceso a la tarjeta sanitaria (por personas no empadronadas) en plena pandemia debido a la covid-19, hay que dar un paso más y que el acceso al padrón no sea nada excepcional por cuestiones de salud pública.
Un paso adelante para garantizar los derechos
Es necesario que todos los municipios catalanes mantengan una política activa de empadronamiento para que ninguna de las personas que viven queden al margen del acceso a estos derechos básicos. Las trabas al empadronamiento vierten a situaciones de exclusión. En este sentido, es necesario que los ayuntamientos catalanes apliquen la nueva resolución publicada el pasado 2 de mayo, que sustituye a la normativa de 2015, y que establece que los ayuntamientos tienen que empadronar todas las personas que residen en el municipio sea cual sea su situación administrativa y sea cual sea la vivienda, incluidas situaciones de infravivienda, sin que se puedan realizar comprobaciones sobre la legalidad de la residencia.
Desde hace años Cáritas viene denunciando y constatando el aumento de las desigualdades y ahora, con esta nueva crisis que llegará, nos tenemos que preparar para una situación que aún se agravará más si las fuerzas políticas y sociales no llegan a construir un plan de choque inmediato. Precisamente en este momento y ante el difícil nuevo escenario social, es más importante que nunca la defensa de los derechos de las personas, y el empadronamiento, como puerta de acceso a derechos básicos, es fundamental y ningún municipio catalán puede dejar ningún vecino ni vecina sin empadronamiento.